Se multiplican en forma empalagosa, especialmente en redes sociales. Pero hay otro lado de la historia.
Por Roberto Pico
“Masterclass”… es la nueva frase con la que funcionarios, especialmente del Ministerio de Economía, suelen autoelogiarse en redes sociales cuando dan una entrevista, explican alguna medida o simplemente brindan una charla.
En algún punto parece lógico una autoalabanza para fortalecer la confianza y generar espíritu de cuerpo, pero, como todo, en dosis excesivas provoca justamente lo contrario.
Por eso vale la pena hacer un breve repaso de lo que las “masterclass” no “enseñan” y dejan al equipo económico al borde de tener que rendir algún recuperatorio.
A pesar de la aparente estabilidad que impone la calma en el tipo de cambio oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, está atravesando una semana compleja. El jefe de la cartera económica se encuentra frente a un escenario de múltiples frentes abiertos que abarcan la volatilidad de los mercados financieros, un revés político de magnitud en el Congreso de la Nación y una nueva postergación en las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este fin de 2025 está marcado por la licitación del BONAR 2029 bajo legislación local. El resultado de la operación no alcanzó las expectativas oficiales, al recoger apenas U$S 950 millones a una tasa superior al 9%, tras una oferta de U$S 1.400 millones. Por más “masterclass” que se “likeen” entre ellos y sus economistas afines, todos saben que ese resultado fue flaquito. La intención era tener ofertas por el doble y mandar una señal externa: “Not masterclass”.
De allí que el Gobierno metió un volantazo. La cara la puso el Banco Central, a través de su titular, Santiago Bausilli. El funcionario intentó encuadrar la decisión bajo el concepto de una “nueva fase” dentro del programa monetario, el cual ha experimentado diversas modificaciones en los últimos meses. Sin embargo, la reacción de los agentes económicos fue limitada. Dado el anuncio de que tanto el Tesoro como el Banco Central intervendrán en el mercado para adquirir divisas, los inversores descontaron una presión alcista, lo que se tradujo en un incremento inmediato de las cotizaciones financieras.
En este contexto de incertidumbre, los dólares financieros mostraron una tendencia al alza: el dólar MEP alcanzó los $1.500, mientras que el Contado con Liquidación se afirmó en $1.550.
Incómodo con ese movimiento, Caputo salió a vender parte de los dólares que había comprado —unos U$S 400 millones— para evitar que se amplíe la brecha cambiaria. En dos días se habría desprendido de casi U$S 170 millones. El dólar oficial en el Banco Nación terminó la semana en $1.450/$1.470, mientras que el mayorista cerró en $1.450.
Esta fluctuación en la estrategia oficial generó sorpresa entre los analistas privados. Consultoras como PPI advirtieron sobre la inconsistencia de retomar las ventas de divisas justo cuando el mercado había asumido que diciembre sería un mes destinado exclusivamente a la acumulación de reservas por parte del Tesoro. Por otro lado, el riesgo país, una de las métricas que el Gobierno sigue con mayor detenimiento, mostró un comportamiento errático: tras una caída inicial que lo llevó por debajo de los 600 puntos, terminó estancado en la zona de las 560/570 unidades al cierre de la semana.
El plan anunciado —que contempla la compra del 5% del volumen diario operado— aún genera interrogantes en la City porteña. Los operadores cuestionan la efectividad de dar a conocer una medida de esta naturaleza con veinte días de anticipación respecto de su entrada en vigencia. Para algunos sectores financieros, esta acción se percibe como un intento del Palacio de Hacienda por ganar la confianza de los inversores, aunque los resultados inmediatos en términos de claridad y contundencia informativa han sido, hasta ahora, acotados.
A las dificultades financieras se sumó un frente político inesperado. En el ámbito legislativo, Caputo fue señalado por sectores del propio oficialismo como el responsable de la inclusión de último momento de un artículo en el Presupuesto que buscaba derogar las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad. Esta estrategia derivó en una derrota parlamentaria para el Gobierno y generó tensiones internas. Mientras otros funcionarios intentaban justificar el traspié, el ministro de Economía optó por mantener el silencio ante las críticas que emanaron desde los niveles más altos del Poder Ejecutivo.
Las consecuencias de este traspié legislativo tienen un impacto directo en la gestión presupuestaria. Al no haberse aprobado la derogación, el texto final del Presupuesto obliga ahora a la cartera económica a realizar una reasignación de partidas para garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes. Javier Milei intentó minimizar el golpe al anticipar que no vetará el Presupuesto y que moverá partidas para cumplir. Las provincias podrían ser las que paguen los platos rotos, ya que desde allí llegó el cachetazo parlamentario.
Finalmente, el tercer foco de conflicto del equipo “masterclass” es la relación con el Fondo Monetario Internacional. El organismo postergó la revisión técnica del programa para el mes de febrero, lo que también implica el retraso del desembolso de U$S 1.000 millones. Estos fondos eran considerados clave para afrontar parte de los vencimientos de deuda de enero, que ascienden a U$S 4.300 millones. El cambio de cronograma, confirmado por Bausilli durante los últimos anuncios, sugiere diferencias de criterio entre el staff técnico del Fondo y el equipo económico argentino.
La auditoría de febrero será un punto crítico para la gestión de Caputo, ya que incluirá el pedido formal de una dispensa (waiver) por no haber cumplido con las metas de acumulación de reservas internacionales pactadas originalmente. Esta sucesión de postergaciones y cambios en las metas refleja las dificultades del Gobierno para consolidar el frente externo en un marco de alta volatilidad y crecientes demandas de divisas de cara al inicio del próximo año.
